La Ley 21.015 exige a todas las reparticiones del Estado, Fuerzas Armadas, organismos públicos y las empresas con 100 trabajadores o más, reservar un 1% de su plantilla para trabajadores con discapacidad.
Esta iniciativa es un avance necesario y significativo para que nuestro país se acerque a los estándares exigidos por la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y garantice los derechos de los ciudadanos con discapacidad.

Para determinar la cantidad de personas que trabajan en una empresa y realizar el cálculo del 1%:

• La empresa deberá considerar el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades y hasta el 31 de diciembre de ese año.
• La empresa deberá considerar el total de trabajadores empleados al último día de cada mes.
  • Por ejemplo, si contrató a un colaborador el último día del mes de enero, debe ser considerado parte del total de la plantilla de ese mes.
  • Del mismo modo, si un colaborador es desvinculado durante el transcurso del mes, debe considerarse sólo hasta el mes anterior.
• El 1% reservado legalmente para personas con discapacidad se calcula sobre el promedio mensual de trabajadores (suma del total de trabajadores de cada mes dividido en doce). Si este cálculo resulta un número con decimales, se aproxima al entero inferior.

No, la acreditación de discapacidad es un trámite voluntario y no es exigible por el empleador al trabajador. Su exigencia puede constituir un acto de discriminación.

Los donatarios (organizaciones sociales que reciben la donación) deben informar al Servicio de Impuestos Internos el monto de las donaciones, el domicilio, rol único tributario, y la identidad del donante y del donatario.

Los donatarios también deben dar cuenta de haber recibido la donación mediante la extensión de un certificado a la empresa donante (Certificado 60)